Acusan a compañía en Dalton por discriminación
Thursday, July 29, 2010
DALTON — Tres meses después de que una compañía fabricante de alfombras se comprometió a pagar $18 millones en acuerdos jurídicos por no hacer lo suficiente para verificar el estatus migratorio de sus trabajadores, otro fabricante enfrenta cargos por pedir demasiada documentación.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos está demandando a Garland Sales Inc., alegando que la compañía alfombrera de Dalton discriminó el año pasado contra un solicitante que hablaba español al pedirle que mostrara su “green card”, el documento federal que prueba si un inmigrante es un residente legal del país.
El solicitante, Juan R. Alanis, es un ciudadano estadounidense que mostró una licencia de conducir del estado de Georgia y su tarjeta de Seguro Social al director de personal de Garland para verificar su ciudadanía y su elegibilidad de empleo.
En una queja de ocho páginas en contra de la compañía, la Oficina Ejecutiva de Revisión Migratoria acusa a Garland Sales de haber retirado su oferta de trabajo al Sr. Alanis de manera inapropiada después de que él le dijo a un interprete de la compañía que no tenia tarjeta de residente porque es ciudadano estadounidense.
Katherine Baldwin, de la Oficina para el Fiscal Especial sobre Prácticas de Empleo Injustas Relacionadas a la Inmigración, dijo que la licencia de conducir y la tarjeta de Seguro Social sin restricción que Alanis presentó eran suficiente documentación. Baldwin dijo que solicitar más documentación “discrimina contra los individuos en base a su estatus de ciudadanía”.
Rick Garland, propietario de la fabrica de alfombras, se rehusó a discutir los detalles de la demanda. Pero dijo que “niega enfáticamente” cualquier discriminación racial por parte de su compañía.
“Definitivamente no discriminamos de ninguna manera “, dijo el Sr. Garland.
El Gobierno sostiene que las practicas de contratación de Garland, quien emplea de 250 a 300 trabajadores a la semana, “constituyen un patrón de abuso de documentación” que es discriminatorio.
La acción civil busca recuperar salarios y multas por un total de $4,300 por cada ofensa similar a la del Sr. Alanis.
OTRAS DEMANDAS
En abril, Mohawk Industries, la compañía productora de recubrimientos de pisos más grande del mundo, llegó a un acuerdo para solucionar una demanda de ex empleados que alegaban que la compañía contrataba a trabajadores indocumentados al no requerir la documentación adecuada para probar su ciudadanía. Mohawk negó estas acusaciones pero pagará $18 millones para llegar a un acuerdo en esta demanda.
Robert Divine, un abogado de inmigración en Chattanooga, dijo que Garland y otras empresas fabricantes de alfombras están siendo cautelosas después de la experiencia de Mohawk de no haber hecho lo suficiente para identificar a trabajadores indocumentados.
“Siempre ha sido un dilema para los empleadores”, dijo. Tienen que solicitar suficiente documentación para que no sean multados por no confirmar la elegibilidad del empleo. Pero se arriesgan a ser demandados por discriminación, agregó el Sr. Divine, quien previamente trabajo como abogado para el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos.
El Acto de Reforma y Control de Inmigración de 1986 prohibe a los empleadores contratar inmigrantes indocumentados y requiere que las compañías verifiquen la elegibilidad de los solicitantes a través de la forma I-9.
Sin embargo el Acto de Inmigración y Nacionalidad también garantiza a quienes buscan trabajo el derecho a buscar empleo sin la dificultad adicional de reglas especiales o requisitos de documentos basados en su estatus de ciudadanía o nacionalidad.
“La administración Obama ha sido mucho más activa en aplicar las leyes de inmigración y las provisiones de anti discriminación que la administración Bush”, comentó Stephen Yale-Loehr, un profesor de leyes migratorias de la Universidad de Cornell, dentro del Wall Street Journal.
El Departamento de Justicia ha incrementado su personal de investigación para en casos de discriminación en un 25% este año, reportó la publicación.
A principios de julio, el gobierno y la tienda Macy’s llegaron a un acuerdo fuera de corte en acusaciones que una tienda en Orlando, Florida, discriminó contra un residente permanente al requerir más documentos de autorización de trabajo que los indicados por la ley.
Macy’s ha acordado capacitar a sus empleados de recursos humanos en el área de Orlando sobre protecciones federales para trabajadores en contra de la discriminación por nacionalidad o estatus de ciudadanía.